viernes, 19 de noviembre de 2010

MARIHUANA? NO, THANK YOU

El plebiscito en California.




Por Adriana Rossi

California dijo no. La California Proposition 19. Regulate, Control and Tax Cannabis Act of 2010, (Proposición 19. Acta de Regulación, Control y Fiscalización del Cannabis 2010)[1] fue rechazada la semana anterior en un plebiscito lanzado al mismo tiempo que las elecciones legislativas, que configuraron un nuevo escenario político en los Estados Unidos, poco favorable a la administración Obama.

Con el 56,8% de los votos en contra y el 43,2% de votos a favor, la marihuana quedó en la semiclandestinidad, ya que el cannabis está siendo permitido para fines terapéuticos. Cáncer, glaucoma, esclerosis múltiples, epilepsia, dolores crónicos, efectos secundarios de la quimioterapia, son las afecciones para las cuales se receta la marihuana, legalizada y vendida en farmacias habilitadas y bajo receta médica, desde 1996, siendo California el primer Estado en legalizar este tipo de consumo, seguido por otros 13 más. Lo que está prohibido y lo va a seguir siéndolo, gracias a los resultados adversos, es el uso recreativo.

La Proposition 19

La finalidad de la Proposition  es la legalización de la marihuana aunque con limitaciones expresadas en la normativa. El cannabis no puede ser consumido ni vendido a menores de 21 años. La tenencia no puede superar los 28,5 gramos equivalente a una onza, el consumo debe efectuarse en privado o en establecimientos que hayan obtenido la licencia correspondiente. Se garantiza al consumidor el derecho a tener un pequeño lote de hasta 2,30 m2. de cultivo para provisiones personales y no para la venta a terceros. Se prevé otorgamiento de licencias para la elaboración de tipo industrial y se deja a las ciudades y condados de California, la libertad de manejar la normatividad, algo que según varias voces críticas, abriría las puertas a un sinfín de reglamentaciones con las consecuentes complicaciones para los usuarios que se desplazaran al interior del territorio californiano. Venta a menores, exhibición de consumo ante menores y el transporte intraestatal e internacional son penalizados con multas y/o cárcel.
El Acta se fundamenta en una serie de premisas que constituyen una especie de preámbulo. En el texto se toma en consideración el hecho de que los Estados Unidos son el país de mayor consumo del cannabis en el mundo. Las estadísticas indican que un tercio de la población, unos 100 millones, ha probado marihuana por lo menos una vez en la vida y que en el último mes antes de la redacción de la Proposition, unos 15 millones la habían fumado. Se hace hincapié en que la marihuana no tiene efectos dañinos a corto y largo plazo y que los costos por encarcelamiento de consumidores son muy altos y podrían estar destinados a otros sectores de intervención del Estado, que podría utilizar además los ingresos que se recaudarían con la aplicación de un régimen impositivo. Estos se calculan en millones de dólares, ya que las transacciones comerciales ilegales de este producto llegan a los 15 billones de dólares al año en la sola California. 
A pesar de que los impulsores tenían las estadísticas a favor, el resultado fue adverso. Explicar lo sucedido como un triunfo del conservadurismo que parece avanzar en una sociedad donde la aparición del Tea Party, como garante de las buenas costumbres y del espíritu “americano” tiene mucho predicamento, es sin embargo algo reduccionista, que no da cuenta del todo de la realidad subyacente.
Mitos y realidades de la marihuana
Definido como la hierba mala o maldita o del diablo ya por los años 20-30, cuando se la asociaba en los Estados Unidos a los inmigrantes mexicanos y causante de toda fechoría[2], el cannabis ha sido  objeto de estudios comparativos con otras sustancias psicoactivas (las drogas) legales e ilegales. Uno de estos, realizado en el 2007, fue llevado a cabo por David Nutt y Leslie King, ex asesores del gobierno británico[3]. El estudio combina los perjuicios que las sustancias causan en el consumidor con el daño al entorno social. Aplicando el Análisis de Decisión Multicriterio,  fue identificada una serie de variables, unas 16 en total, desde la mortalidad directa por consumo a los daños indirectos, a los daños en las relaciones personales, al daño al conjunto de la sociedad, a los costos económicos, al deterioro de la cohesión comunitaria, entre otros, que les permitieron establecer una valoración de 0 a 100 para cada sustancia. De acuerdo a los resultados, la marihuana se encuentra en el 8° lugar, precedida por el alcohol, el más perjudicial, (puntuación 72), la heroína (55), el crack (54), el cristal, una variante de la metanfetamina, (33), la cocaína (27), el tabaco (26), la metanfetamina (23) y el cannabis en sus distintas variantes (20).
A pesar de ello, persiste en sectores de la sociedad la convicción de lo altamente nocivo y adictivo de la sustancia, cuyo consumo serviría de iniciación a las drogas más duras, de acuerdo a la teoría de la escalation, que no ha sido comprobada  en el caso específico.  Además del temor a una “epidemia” en caso de legalizar la marihuana, con los costos que representaría para el Estado en el sector salud.
Y es la cuestión de los costos, la que finalmente parecía hacer inclinar la balanza a favor de la legalización de parte de sectores identificados políticamente con los más conservadores, es decir, los republicanos.
La marihuana ¿droga domesticada?
No hay que olvidar que fueron los republicanos a lanzar la “guerra contra las drogas”. El primero que utilizó el término fue Nixon, en los años 70 y el presidente que preparó el andamiaje conceptual y la estructura de esa guerra fue Reagan, en los sucesivos 80. Esa guerra sigue de pie, sin embargo una representante del ala dura de los republicanos Sarah Palin, ex gobernadora de Alaska y ex candidata a vicepresidente en dupla con John McCain en las últimas elecciones presidenciales, afirmó haber fumado marihuana cuando ésta era legal en su estado, pero que no le gustó y que en realidad discutir sobre la legalización de esta sustancia no le parecía que fuera en la actualidad, una prioridad para el país[4]. “Pienso que debemos priorizar nuestros esfuerzos de aplicación de la ley. Y si alguien va a fumar un cigarrillo de marihuana en su casa y no hace daño a nadie, entonces quizás haya otras cosas en las que nuestros policías debían participar y tratar de resolver algunos de los demás problemas, otros problemas que tenemos en la sociedad”[5]. Estas declaraciones, si bien no significan en absoluto un apoyo a la legalización, de hecho Palin es contraria, de alguna forma desdramatizan la temática y dan razón de un profundo cambio de actitud hacia el cannabis.
Década de consumo hicieron visible que la marihuana no es peligrosa por lo menos en términos de seguridad. No incita a conductas violentas, es más bien una droga pacífica. Su consumo antes asociado a la marginalidad o a grupos contestatarios como los hippies de los años 60-70, se ha extendido a todos los sectores sociales y sus virtudes terapéuticas, como ya vimos, han sido reconocidas. De alguna forma la marihuana deja de ser un tabú o un enemigo que hay que destruir, y más bien empieza a ser parte integrante de una cultura, como lo fueron antes el café, el chocolate, el té, que se fueron insertando en los hábitos de las poblaciones occidentales, que se abrieron paulatinamente a su consumo. Este proceso, definido como “domesticación”[6] de sustancias consideradas en un primer momento peligrosas o indeseables por parte de la sociedad, le permite a ésta ejercer un control sobre las mismas, pautando su consumo y resignificándolo. Así las sustancias, las propias y las ajenas, entran como parte de rituales algunos religiosos otros sociales o marcan los ritmos de la vida diaria. El café de la mañana, el mate para estudiar, trabajar, compartir, el vino en la mesa con los amigos y parientes, las bebidas alcohólicas asociadas al baile y la fiesta, la hoja de coca como elemento sagrado e indispensable en los trabajos comunitarios, son algunos de los múltiples ejemplos. Lo cual no significa que el uso de algunas de ellas, no pueda derivar en abuso, sobre todo cuando las sociedades atraviesan períodos de crisis.
Mercado versus prohibicionismo
Si bien la mayoría republicana es contraria, dentro del partido hay un 25% que está a favor de la legalización del cannabis en sus respectivos estados[7]. Una legalización que tuvo lugar en los años 70, pero que fue borrada de un plumazo con la llegada de Reagan a la presidencia, con su “Dile no a la droga”, lema que recorrió América Latina en su totalidad. No obstante, parece existir un recambio generacional que hace crecer paulatinamente las adhesiones a la legalización. Y hay políticos que se han declarados partidarios de ella. Estos representan el ala más liberal, la que adhiere al credo del libre mercado y libre circulación de la mercadería (la droga no es otra cosa que una mercancía, prohibida, pero mercancía al fin) a la no intervención estatal y a la “responsabilidad fiscal”.
Ya Milton Friedman el ideólogo del libre mercado, hablaba de la liberalización de todas las drogas a someterse a las reglas del mercado, que otorgaría la que fue después llamada la “soberanía del consumidor”, es decir su libertad de elección en tanto que usuario. Algunos especialistas y economistas hasta llegaron a plantear  un modelo llamado el “supermercado de drogas”, es decir, venta sin restricción alguna[8].
Los economistas tienen la tendencia a hacer hincapié en los costos de la prohibición, una visión que muchos ciudadanos republicanos comparten. Según un estudio publicado por el Caro Intitute sobre estos costos, la legalización de todas las drogas permitiría al gobierno ahorrar 41.300 millones de dólares en la aplicación de la ley a los que habría que añadir 46.700 en recaudación de impuestos, una vez gravados producción y comercio. La sola marihuana dejaría al estado un total de 17.400 millones de dólares entre ahorro y recaudación tributaria[9]. Estas cifras podrían según expertos y una parte de los partidarios del partido Republicano, ser utilizadas para crear puestos de trabajo, construir escuelas, hospitales o, como en el caso de California, pagar la abultada deuda del Estado.
Los costos a los que se hace referencia son los de una política de interdicción interna, dejando al lado la guerra contra las drogas llevadas a cabo por los Estados Unidos en otros países, sobre todo latinoamericanos. Son los que implican personal y operativos policiales, el sistema penal y el carcelario. De acuerdo a un informe del FBI, cada 37 segundos se apresa un ciudadano por delitos relacionados con la droga y el 88% de estos arrestos son por posesión de marihuana, ni siquiera por venta o tráfico[10].
Sin embargo, no todo es mercado, también para algunos economistas, como por ejemplo el mismo Milton Friedman, que enumeró en 1998[11] todo lo perjudicial de esta política no permisiva. Dentro de sus argumentos se encuentran la cuestión de la discriminación racial, ya que quienes van a la cárcel son sobre todo los afroamericanos, la corrupción, el daño a los adictos y el daño a otros países a través de la guerra contra las drogas, que es en definitiva la exportación de un problema que los Estados Unidos no pueden resolver puertas adentro.
A estas voces se han sumado varias más, de distintas proveniencia, desde George Soros, el magnate húngaro naturalizado estadounidense, ferviente antiprohibicionista, sobre todo a lo que marihuana se refiere, Vicente Fox, ex presidente de México y la Comisión Latinoamericana sobre Droga y Democracia[12].
¿Cambiar o no de paradigma?
La comisión en un escueto, pero preciso documento fustiga una política que desde hace décadas no sólo no ha resuelto la problemática, sino ha dado lugar a situaciones de violencia y a daños colaterales de gran entidad (destrucción de vidas y medio ambiente, entre otros) y aboga por un nuevo paradigma de políticas seguras, eficientes y humanas con participación de la sociedad civil en su elaboración. La propuesta tiene tres grandes directrices:
§        “Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
§        Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.
§        Focalizar la represión sobre el crimen organizado”[13].
Para ello se aboga transformar a los adictos de compradores de drogas a pacientes del sistema de salud, descriminalizar la tenencia para uso personal de la marihuana y reorientar las estrategias de represión a los cultivos para la producción de drogas ilícitas.
Pero, como es de imaginarse, no todos están de acuerdo. Y eso se visibilizó con la  Proposition 19, ampliamente criticada sobre todo por los presidentes de México, Felipe Calderón, Alan García de Perú y Juan Manuel Santos de Colombia. Gracias a la prohibición y a la guerra contra las drogas, estos países, sobre todo el primero y el último, se encuentran envueltos en una espiral de violencia que se acrecienta cada día más y se desborda hacia los países vecinos.
Para estos mandatarios legalizar la marihuana sería entrar en plena contradicción. Por un lado se permite, por el otro se castiga y los castigados no serían precisamente los norteamericanos, sino los pueblos del centro y sur del continente. "¿Cómo se le explica a un indígena en una montaña colombiana que producir marihuana es ilegal, y lo lleva uno a la cárcel o le erradica (destruye) la marihuana, cuando allá en Estados Unidos consumirla es legal?” se pregunta Santos[14], que ha pedido al gobierno de Estados Unidos retirar el plebiscito.
Si los tres presidentes, más otros de América Central, que están siendo sometidos por los Estados Unidos a una militarización creciente en función antinarcóticos, respiran aliviados, (aunque la legalización hubiese sido un paso para pedir de una vez por todas que se revea toda la política antidroga desde una perspectiva pacífica y no de enfrentamiento), los autores de la legalización tratan de amortiguar el golpe recibido y piensan presentar de nuevo una propuesta.
Las posibles razones del no
Más allá de las posturas ideológicas, el plebiscito no dio los resultados que las encuestas de opinión parecían augurar por una serie de factores intervinientes. El primero es que el texto justamente daba lugar a confusiones como señalado más arriba, otra es que hubo un error de cálculo. Aparejarla con las elecciones legislativas no fue una buena estrategia, ya que los jóvenes tienen la tendencia a no votar en estas elecciones, sino en la elección para presidente. Y son los jóvenes los que más se inclinan hacia el sí. Habrá por lo tanto que esperar el 2012, año en que se supone que Obama se jugará la reelección y los antiprohibicionistas llamarán a un nuevo plebiscito.
Algunos además opinan que no hubo una campaña adecuada. Se gastaron 4,2 millones de dólares, uno fue donado por George Soros y otros grandes aportes fueron de Dustin Moskovitz y Sean Parker, los fundadores de Facebook. No obstante parece que no fueron suficientes y tampoco suficiente fue el debate. De todas formas el haber lanzado la Proposition y las reacciones que hubo dentro y fuera de los Estados Unidos, hacen que el tema quede instalado.
Otra posible razón es la “neutralidad” declarada del Partido Demócrata. Los organizadores se esperaban una toma de posición favorable, ya que el 55% de los demócratas están a favor de la legalización. La decepción no se hizo esperar. Primó el cálculo político. Partido y candidatos ante una difícil coyuntura electoral, prefirieron no arriesgar dada su popularidad en baja. Quienes en cambio arriesgaron fueron algunos republicanos, que con esa postura favorable, no sólo no perdieron votos, sino en algunos casos aumentaron su caudal, como en  el caso de Tom Tancredo, aspirante a la gobernación de Colorado, que llegó a declarar sobre la marihuana: “Legalícenla. Regúlenla. Grávenla”[15]. Lo que podía parecer un suicidio político se convirtió en un éxito. La intención de voto aumentó para Tancredo, que se acercó a su contendiente demócrata contrario a la legalización.


[1]Proposición 19: Legalización del Cannabis en California. Acta de Regulación, Control y Fiscalización del Cannabis 2010”. Texto en español, en http://norml.es/proposici%C3%B3n-19-legalizaci%C3%B3n-en-california-texto-en-espa%C3%B1ol/  
[2] MUSTO David F., “La enfermedad americana. Orígenes del Control antinarcóticos en EU”, Tercer Mundo Editores-Ediciones Uniandes-CEI, Bogotá, 1993, págs. 241-259.
[3] El estudio, publicado en la revista médica The Lancet, se llevó a cabo con la finalidad de elaborar políticas estatales eficaces para atenuar  el impacto del consumo de sustancias adictivas en la sociedad. “El alcohol, más dañino que la heroína y el ‘crack’ según estudio británico”, El país, 01/11/2010 , en http://www.elpais.com
[5] Ibid.
[6] Ver los estudios ya clásicos de Rosa Del Olmo: “Los discursos sobre la droga”, Hisbol, La Paz, 1989; “¿Prohibir o domesticar? Política de drogas en América Latina”, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1992.
[7] Según las estadísticas desde el 2005 se ha registrado un aumento de 7 puntos de los partidarios de la legalización dentro del Partido Republicano.  “La marihuana y el Partido Republicano”, en  http://www.elargentino.com/nota-112711-La-marihuana-y-el-Partido-Republicano.html
[8]  NADELMANN Ethan A., Pensando seriamente en alternativas a la prohibición de las drogas, en CAJ, Drogas y control penal en los Andes, CAJ, Lima, 1994, págs. 195-249.

[9] Para información detallada ver el estudio de MIRON Jeffrey del 2005, “The Budgetary Implications of Marijuana Prohibition”, en http://www.prohibitioncosts.org/mironreport.html   
[10] FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, “Crime in the United States. Annual Uniform Crime Reports 2009”, en http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/ucr
[11] FRIEDMAN Milton, “Drogas: una guerra injusta”, en http://www.elcato.org/node/5387
[12][12] Conforman la Comisión entre otros: César Gaviria, ex presidente de Colombia, Ernesto Zedillo, ex presidente de México, Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, Antana Mockus, ex candidato a la presidencia de Colombia, General Alberto Cardozo de Brasil, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, Paulho Coelho, escritor, Brasil, Sergio Ramírez, escritor, poeta y ex vicepresidente del gobierno sandinista, Nicaragua. Fue miembro de la Comisión hasta su muerte el fallecido Tomás Eloy Martínez, escritor y periodista, Argentina.
[13] COMISION LATINOAMERICANA SOBRE DROGAS Y DEMOCRACIA, Drogas y democracia hacia un cambio de paradigma. Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, pág. 8.
[14]Santos propone a México y Perú lograr posición común si en California se legaliza la marihuana”, en www.telesurtv.net

viernes, 20 de agosto de 2010

Colombia –Venezuela: "Crisis con final abierto"

Autora Adriana Rossi

19 de Agosto de 2010

Todo empezó con una denuncia, la que presentó ante la OEA el presidente colombiano saliente Álvaro Uribe el 22 de julio, sobre la presencia de los grupos guerrilleros de las FARC y del ELN, unos 1.500 alzados en armas distribuidos en 87 campamentos,  y de los integrantes de las cúpulas de las dos organizaciones, bajo el posible amparo del gobierno de Chávez. La acusación, supuestamente sustentada en documentos de inteligencia y fotos satelitales, que no fueron revelados a los medios de comunicación aduciendo cuestiones de seguridad nacional, fue acompañada por el pedido de formación de una Comisión internacional que realice un monitoreo para confirmar lo denunciado. A raíz de de este suceso se desató un vendaval de tensiones, que hizo avizorar, a más de un entendido, una tormenta de alcance incalculable.
Los hechos se sucedieron en cascada. La respuesta venezolana fue inmediata. Se rompieron las ya debilitadas relaciones diplomáticas[1], hubo declaración de estado de alerta máxima para 21.000 soldados, seguida por la movilización de tropa, y acusaciones de violación de la soberanía nacional por parte de un helicóptero colombiano que sobrevoló territorio venezolano[2]. De su parte Colombia amenazó con recurrir hasta la Corte Penal Internacional, hecho que finalmente se produjo[3], para pedir el enjuiciamiento del gobierno de Chávez por amparar a terroristas, (éste es el estatus de las agrupaciones guerrilleras), que se han manchado de crímenes de lesa humanidad. Uribe visitó puestos militares en la frontera[4] y Chávez advirtió sobre un contubernio entre Bogotá y Washington para atacar a su país y terminar con su política de sello socialista-estatizante y amenazó con cortar el suministro de petróleo a los Estados Unidos en caso de agresión.
La crisis tomó de sorpresa  a la comunidad de naciones latinoamericanas. No era la primera vez que Uribe acusaba a Venezuela de dar refugio a guerrilleros[5]. El desconcierto se originó en la virulencia que fue asumiendo la situación y sobre todo en el hecho de que la denuncia fuese realizada por un presidente que en menos de 20 días iba a dejar la banda presidencial en manos de su sucesor, Juan Manuel Santos. El futuro presidente en gira por siete países de América Latina[6], se llamó a silencio,  ya que no le correspondía, según sus afirmaciones, tomar posiciones en tanto que la presidencia estaba todavía en manos de Uribe.  

Apagando incendio

América Latina se movilizó. Las iniciativas se fueron multiplicando para tratar de que no se emprendiera un camino sin retorno. El mandatario de República Dominicana, Leonel Fernández, en calidad de presidente del “Grupo de amigos”, que se creó en la Cumbre de Unidad de América Latina y el Caribe en febrero del 2010[7], se propuso como mediador, así como Brasil.
Se convocó a una fracasada Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR[8], en la que el gobierno de Venezuela presentó una propuesta de pacificación de Colombia, naturalmente rechazada por el gobierno de ese país. Chávez hizo un llamado a la guerrilla para que busque una solución pacífica a través de negociaciones con el Estado colombiano, afirmando que dada la situación, no se podía vislumbrar una toma del poder en breves tiempos, y que con sus acciones estaban proporcionando a los Estados Unidos un pretexto para poder intervenir en la región.  El jefe de las FARC, Alfonso Cano, envió un mensaje a Santos mostrando estar dispuesto a entablar conversaciones con el nuevo presidente[9]  y el Secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, se reunió con Chávez. Todos, mientras tanto, intentaban estirar los plazos hasta poder tratar directamente con el presidente de los colombianos para los próximos cuatro años, a fin de evitar una duplicación de esfuerzos, cortarle el paso a posibles iniciativas de Uribe, que podían complicar aún más la región, y llevar adelante una eficaz mediación[10].

Las negociaciones

La espera pareció dar sus frutos. Las sucesivas acciones de Santos dejaron en claro que se consideraba necesario superar diferencias y estrechar de nuevo los vínculos no solamente con Venezuela, (Santos apunta al restablecimiento del comercio con este país, cuya interrupción es nociva para ambos lados), sino con el mismo Ecuador. Como muestra de su buena voluntad entregó al presidente Correa el contenido de las computadoras incautadas a Reyes en el 2008, que fue requerido por el gobierno ecuatoriano a fin de esclarecer las supuestas relaciones de un ministro y de altos funcionarios del gobierno con las FARC[11], y por último la reunión a solas con Chávez para empezar a dirimir diferencias y alejar la sombra de un conflicto, haciendo honor a su dicho que el término guerra no es parte de su diccionario.
El encuentro que tuvo lugar el 10 de agosto en Santa Marta, arrojó una “Declaración de Principios”[12] escueto documento donde se dejan sentados el respeto por el Derecho Internacional, la inviolabilidad de la soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos de ambos Estados y se privilegian las vías diplomáticas. Se restablecen las relaciones entre ambos países, y se conforman cinco comisiones una de las cuales a cargo del desarrollo del comercio bilateral. Se prevé que los ministros de Relaciones Exteriores deberán cooperar en la creación de una estrategia conjunta tendiente a abordar los problemas económicos, sociales y de seguridad en la frontera para prevenir la presencia o acciones de los grupos armados irregulares. Para eso deberán determinar los procedimientos concretos para hacer efectivo el mecanismo de cooperación, que tendrá el seguimiento de la Secretaria General de UNASUR.
El clima de distensión sin embargo se vio empañado en menos de dos días, a raíz de un atentado con coche bomba frente a las instalaciones de la cadena Caracol Radio en plena Bogotá en horas de la madrugada, que dejó algunos heridos y muchos daños y no solamente materiales, que puso en evidencia posibles dificultades a futuro y varias grietas.

Las lecturas

La lectura de lo sucedido no es ni simple, ni lineal, ni única. El análisis a realizar sobre los motivos desencadenantes de la crisis involucra a varios escenarios que se entrecruzan: el interno de Colombia, el de las relaciones con los Estados Unidos, el interno de Venezuela, el tablero centro y sudamericano, y la política de los Estados Unidos en la región.
Lo primero que se señaló fue el distanciamiento entre Santos y su mentor Uribe en los últimos tiempos. El tono conciliador de Santos que hasta había invitado a Chávez a la ceremonia de asunción del mando, más el desplazamiento del eje central en su discurso desde la política de defensa y seguridad democrática, que sustentó el modelo de Uribe, a la política de seguridad económica, pareció marcar diferencias que no cayeron muy bien al presidente saliente. Con las acusaciones a Venezuela y con la presentación a la OEA, Uribe señaló un camino continuista, agitando el peligro del terrorismo y de los gobiernos que lo amparan.  El mensaje a Santos fue muy claro y explicaría el apresuramiento del futuro ministro de defensa en asegurar que la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico no sería abandonada, así como la  política inaugurada por Uribe en términos de seguridad. Este análisis si bien es cierto, dados los rasgos del carácter de Uribe, como cierto es el encono existente entre Uribe y Chávez,  deja afuera otras variables a considerar.
Una hipótesis podría ser que el mensaje no estuviese dirigido solamente a Santos, sino podría haber tenido otro destinatario, en concreto los Estados Unidos, que apoyaron la iniciativa de Uribe en la OEA[13]. La crisis que atraviesa ese país ha llevado a recortes presupuestarios también en el área militar, que afectan la ayuda a otras naciones. Una de éstas es Colombia. Ya van tres años que el Plan Colombia de lucha antinarcóticos y antiterrorista está sufriendo una merma y varios de los costos están siendo asumidos por Colombia. Muchas son las gestiones que se están realizando para solicitar fondos para el Plan. Demostrar que el peligro todavía existe, que la falta de financiación puede echar por la borda años de lucha y sus supuestos éxitos, podría ser uno de los argumentos para presionar al gobierno de Obama. Washington, seguro de haber obtenido de Colombia el uso de las bases militares[14] que refuerza la red de seguridad continental y extracontinental, está trasladando el foco de su atención a Centroamérica y a México, país envuelto en una sangrienta lucha contra los cárteles y con una problemática situación fronteriza que alimenta construcción de muros reales y virtuales, el reforzamiento de la seguridad con el aumento de efectivos de la Guardia Nacional para el patrullaje en la frontera y políticas migratorias excluyentes, centro de un feroz debate al interior de Estados Unidos[15].
Del lado venezolano los hechos fueron interpretados como indicios de un proceso que podría culminar en breve tiempo en incursiones o desembocar en una guerra. Propagandística o real, con fines electorales o no, dada la cercanía de las elecciones administrativas que se desarrollarán en septiembre, como insinúan los adversarios de Chávez, la interpretación se basa en una teoría del cerco, que tiene su asidero en los acontecimientos que se están sucediendo desde el golpe de estado en Honduras.
Siete bases militares entre terrestres, aéreas y marítimas  a disposición de las tropas estadounidenses en Colombia mediante acuerdo de julio del 2009, dado como hecho consumado; cuatro bases aeronavales, dos en el Atlántico y dos en el Pacífico, en Panamá, mediante acuerdo de octubre del 2009; 7.000 marines y 47 buques de guerra con derecho de paso y anclaje en Costa Rica en el lapso de tiempo de seis meses, del 1° de julio al 31 de diciembre del 2010, mediante acuerdo firmado por un país que no tiene ejército;  el impulso a la Iniciativa Mérida o Plan México que incluye no solamente a México, sino a toda América Central y República Dominicana, son parte de un blindaje realizado, según las declaraciones oficiales de Estados Unidos y de los países del área, para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas y las migraciones clandestinas. Sin embargo, semejante despliegue es interpretado en Caracas y no sólo en Caracas, como una avanzada militar como mínimo intimidante. La denuncia de Uribe puede insertarse en este escenario que huele a desestabilización. Acusar a un gobierno de amparar a terroristas bien podría desencadenar un ataque justificado por la doctrina militar estadounidense de los ataques preventivos.

Elementos de la Declaración de Principios

Los acuerdos entre Santos y Chávez desactivaron un potencial conflicto a pesar de la generalidad de la declaración. Ésta contiene tres elementos de consideración. Se reconoció implícitamente que la guerrilla colombiana es un problema que atañe también a Venezuela. De hecho lo es. El conflicto colombiano tiene desbordes que se intensificaron con la aplicación del Plan Colombia. Ecuador y Venezuela son países que comparten amplia frontera de selva con su vecino, una selva que dificulta los controles. Guerrilleros y paramilitares (hasta el ejército colombiano) cruzan frontera y utilizan territorios limítrofes en busca de seguridad. Lo sabe Venezuela y lo sabe Ecuador, lo cual no significa que estos dos países protejan o financien a los grupos ilegales. El ministro de Defensa de Ecuador, en el 2008 llegó a afirmar[16] y lo reiteró el presidente Correa, que su país limita en el norte con las FARC, acusando de esta forma al Estado colombiano de no ejercer un efectivo control territorial y no lograr contener un conflicto que se desborda y se filtra más allá de las fronteras colombianas.
Explícitamente se reconoció que las condiciones en las que viven las poblaciones fronterizas son un caldo de cultivo para la inserción de la guerrilla y prevenirla significa llevar desarrollo a esas zonas y, por último, se reconoce a UNASUR un papel supranacional que refuerza al organismo y a su proceso de consolidación.

Las incógnitas

Y luego vino el atentado y vino la resolución de la Corte constitucional y la situación empezó a tener nuevas aristas.
Santos se cuidó de culpar a las FARC del atentado y en Colombia son cada vez menos los que sostienen esta teoría, más bien la tendencia es apuntar a la extrema derecha que no quiere paz con la guerrilla, ni un acuerdo con Venezuela[17]. De todas formas, el presidente se mostró muy duro con la guerrilla que si no cumple con los requerimientos tales como dejar las armas, no recurrir a secuestros e intimidación, no podrá sentarse a negociar la paz con el gobierno. Es más, durante una reunión con la cúpula militar, Santos aseveró que la única propuesta de paz sólo puede salir de la Casa de Nariño, es decir del palacio presidencial. No se aceptarán propuestas de agente políticos ni colombianos ni extranjeros[18], con lo cual parece desplazar a UNASUR luego de haberle dado un lugar en la Declaración de Principios y reiteró que la vía militar es la más adecuada para pacificar Colombia[19]. Es evidente que la bomba ha sido otro contundente mensaje a Santos: la política de Defensa y Seguridad Democrática no se toca y tiene que primar en Colombia si no se quiere volver a vivir un estallido de violencia terrorista, que por lo menos en algunos lugares del país, como la capital, no se producían más desde hace años.
Otro elemento que puede modificar el escenario y dar indicaciones sobre Santos y su verdadera direccionalidad política o sobre su capacidad “camaleónica” por la cual se hizo famoso en el ambiente político, ya que cuando  era Ministro de Defensa compartía la línea dura de Uribe y ahora parece haberse convertido en alguien muy distinto al delfín que el ex presidente pensaba tener. Se trata de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de declarar no procedente el acuerdo firmado entre el país y los Estados Unidos sobre el uso de las siete bases. Presentado como ampliación de un anterior acuerdo podía ser firmado, y Uribe lo firmó, sin necesidad de ser presentado al Congreso. La Corte opinó que hay elementos adicionales por los cuales el acuerdo debe ser sometido  al tratamiento que se le da a los tratados internacionales donde interviene el organismo legislativo para su aprobación o rechazo.
El gobierno de Santos evaluará en primera instancia los fundamentos del fallo y deja abierta la puerta a varias posibilidades. Puede desestimar la presentación al Congreso por considerarlo realmente una ampliación de los acuerdos anteriores o enviarlo tal como está para su aprobación o hasta modificarlo previas consultas con las autoridades estadounidenses.

Cualquiera de las decisiones que tome habrá sendas repercusiones. En caso de ejecutar el acuerdo aduciendo ser ampliación del anterior, Santos debería enfrentarse a las acusaciones que le lloverían desde distintos sectores por violar por lo menos los mecanismos previstos por la constitución y se abriría un escenario interno de pugna entre poderes, al estilo Uribe. En caso de validarlo en el Congreso, los Estados Unidos debería aplicar el mismo mecanismo y la Casa Blanca quiere evitarlo. La última opción quizás sea la preferida de Santos que parece no estar totalmente de acuerdo con lo acordado por Uribe y que se despachó con la siguiente en tanto misteriosa frase: “Vamos a evaluar el paso siguiente. De pronto, podemos acordar unas normas, inclusive más ambiciosas con EE.UU., lo cual podría ameritar la llevada al Congreso” [20]

Habrá que esperar cuáles modificaciones Santos querrá negociar con los Estados Unidos con quienes aspira mantener óptimas relaciones en vista de  proseguir con la ayuda de ese país la lucha antinarcóticos y antiterrorista y firmar una vez por toda el Tratado de Libre Comercio al que el ala más progresista de los demócratas se opone por no haber sido el gobierno colombiano de  Uribe respetuoso de unos derechos específicos, los sindicales.
De todas formas, a menos que no se desestime la totalidad del acuerdo y no se lo remplace por otro, el clima de distensión con Caracas puede verse seriamente afectado.
La historia recién empieza, el final queda abierto.


[1] Los primeros fuertes cimbronazos en las relaciones entre los dos países se sintieron en el 2008 cuando Colombia efectuó un ataque en territorio ecuatoriano, que llevaron a una amenaza de ruptura sin que ésta se produjera. En el 2009 se paralizó el intercambio comercial entre los dos países a raíz de la firma del acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos por el uso de siete bases en territorio colombiano por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. (Ver en este blog: Rossi Adriana, “Colombia: la herencia de Uribe” y Rossi Adriana, “La telaraña del poder hegemónico”)
[2] “Hugo Chávez sube el tono contra Colombia”, en Observatorio Cono Sur Defensa y Fuerzas Armadas, Informe Colombia, n° 40.
[3] La amenaza se concretó el día 6 de este mes pocas horas antes de dejar Uribe la presidencia. Ese día Jaime Granados, abogado apoderado del presidente saliente, hizo dos presentaciones, una ante la Corte Penal Internacional de La Haya y otra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en las que se acusa al gobierno de Chávez de amparar a la guerrilla. “Uribe denuncia a Chávez y Venezuela ante organismos internacionales”, en http://www.elmundo.es/america/2010/08/07/colombia/1281146272.html
[4] “Un pedido para la Unasur”, La Nación, Buenos Aires, 4 de agosto de 2010.
[5] “Cronología de los enfrentamiento entre Colombia y Venezuela”, en http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1339333
[6] “Santos en gira latinoamericana mientras Uribe denuncia a Venezuela ene la OEA” en http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/santos-en-gira-latinoamericana-mientras-uribe-denuncia-a-venezuela-en-la-oea
[7] “Juan Manuel Santos se reunió con el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández”, en http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_HT-7832483.html
[8] La reunión tuvo lugar en Quito, la sede de la Presidencia pro tempore de UNASUR, el 29 de Julio sin que se lograra un consenso.  
[9] “’Conversemos’ le dice ‘Cano’ al nuevo Gobierno”, en Observatorio Cono Sur Defensa y Fuerzas Armadas, Informe Colombia, n° 40.
[10] Esta es la razón por la cual a la Reunión extraordinaria  de cancilleres de UNASUR, no participaron ni el Secretario General de la entidad, ni el canciller de Brasil, quien envió a su segundo.
[11] Según declaraciones del ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, el gobierno colombiano entregó una copia “en espejo” de las computadoras de Reyes y no los discos originales, por lo tanto ésto limita la posibilidad de utilizarla en la investigación que el gobierno ecuatoriano está llevando a cabo. “Ecuador dice que no recibió información original de los computadores de ‘Reyes’”, en http://www.semana.com/noticias-justicia/ecuador-dice-no-recibio-informacion-original-computadores-reyes/142870.aspx
[12] Presidencia de la República de Colombia, “Declaración de Principios”, en http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100810_09.aspx

[13] De acuerdo a lo afirmado por el embajador de Venezuela en Bogotá, Gustavo Márquez, en la rueda de prensa convocada por el Ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, para anunciar la existencia de pruebas sobre la presencia guerrillera en territorio venezolano, estuvo presente el embajador de los Estados Unidos, William Brownfield. “Venezuela/Colombia: Chávez amenaza con romper relaciones y Uribe le acusa ante la OEA”, en http://www.infolatam.com/2010/07/18/venezuela-colombia-chavez-oea-uribe-farc/
[14] Colombia tuvo que asegurar a los países de la región que las bases no serán utilizadas para organizar operativos en países latinoamericanos.
[15] Ver la cuestionada ley de Arizona y la iniciativa similar en Florida.
[16] Rossi Adriana, “Juegos de poder en la frontera”, en Le Monde diplomatique, Buenos Aires, año IX, N° 106, abril 2008.
[19] “Resultados ‘todos los días’ contra la guerrilla exigió Juan Manuel Santos a los militares”, en http://www.eltiempo.com/colombia/politica/no-habra-comisionado-de-paz-hasta-que-guerrilla-no-de-muestras-de-querer-dialogar_7868404-1
[20] “Presidente Santos dice que el fallo de la Corte sobre bases militares no afecta cooperación con EE.UU”, en http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/decision-de-la-corte-sobre-acuerdo-militar-con-estados-unidos_7870142-1

miércoles, 7 de julio de 2010

COLOMBIA: SANTOS Y LA HERENCIA DE URIBE

Adriana Rossi

6 de Julio de 2010

No es Uribe, que de la confrontación hizo un estilo, más bien aparenta ser conciliador. De Juan Manuel Santos se dice que trabaja en equipo y no le gusta concentrar poder. Cualidades éstas que lo diferencian del actual mandatario colombiano quien el 7 de agosto le entregará la banda presidencial. Santos hizo un llamado a la unidad nacional para gobernar un país donde las estadísticas hablan de pobreza (45,5% de la población), indigencia (16,5%), desempleo (12,5%), trabajo informal o mal remunerado (56%) y de altos niveles de violencia ejercida por el hampa, los narcotraficantes, los paramilitares reciclados en bandas como “Las Águilas Negras” y “Los Rastrojos” y los grupos guerrilleros debilitados, pero todavía activos.

Llega al poder gracias al 69% de los votos, todo un record, de un electorado más bien abstencionista (en la segunda vuelta se presentó a las urnas sólo el 47% de los electores), algo no del todo inusual en Colombia. Logra el apoyo del 80% del Congreso merced a la confluencia de las grandes fuerzas: el Partido de la Unidad Nacional de Uribe que es su propio partido, el Liberal y el Conservador, algo novedoso por el tradicional enfrentamiento entre las dos agrupaciones políticas, y el derechista Cambio Radical, aliado del gobierno, pero algo disconforme respecto a las aspiraciones de Uribe a una tercera presidencia, frustradas luego por un dictamen de la Corte Constitucional.

Viene de una familia del poder (un tío abuelo presidente y un hermano actual vicepresidente) y sabe cómo manejarlo. Lo definen camaleónico ya que estuvo en gabinetes ministeriales de liberales y conservadores. Fue Ministro de Comercio Exterior con el liberal Gaviria que le dio su apoyo durante la campaña, apoyo teñido por el escándalo de un intercambio muy poco amistoso entre Gaviria y Uribe, que obligó a Santos a un juego de equilibrio entre la aceptación del respaldo del primero y la defensa del segundo, su verdadero mentor. Luego fue Ministro de Hacienda con el conservador Pastrana y finalmente Ministro de Defensa del gobierno de Uribe, considerado por Santos como el mejor presidente de Colombia en doscientos años.

Se dispone a cerrar heridas institucionales, como en el caso del poder judicial enfrentado a Uribe por los juicios contra funcionarios de su gobierno, y a realizar una reforma de la salud que no grave sobre las escasas finanzas estatales. Promete crear 2,500.000 puestos de trabajo y hace hincapié en la llamada “seguridad económica” en previsión además del bajo crecimiento en este campo previsto para el año en curso, sólo un 3%, poniendo en un segundo plano la “seguridad democrática”.(1)

Esta última ha sido implementada por Uribe a través de la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” del 2003, al que se añade el Plan Patriota, un verdadero “plan de guerra” contra la guerrilla lanzado con participación norteamericana en el 2005, y el “Plan Colombia”, financiado por Washington en sus dos fases de lucha antinarcóticos, la primera de las cuales iniciada en el 2000, anterior a su llegada a la presidencia. La política que Uribe elaboró e impulsó le mereció un fuerte apoyo popular que ronda actualmente el 60% y que por osmosis pasó a Santos, figura que garantiza continuidad política en la sustancia, aunque posiblemente no en la forma.

El legado de la Seguridad Democrática

La seguridad ha sido la obsesión del presidente saliente de un país sindicato como el más violento en América Latina. Las cifras oficiales hablan de éxitos de su gestión. Disminuyeron sustancialmente los homicidios, de 28.534 a 17.717 al año, entre el 2002 y el 2009, aunque se señala un repunte en el mismo 2009. En estos años descendieron también los secuestros, de 2.882 a 125, en su mayoría parte de una metodología de enfrentamiento de paramilitares y guerrilleros con el Estado. Se llevaron a cabo las negociaciones de Santa Fe de Raulito que resultaron en la desmovilización de 16.000 paramilitares, aunque 6.000 se mantienen en armas y el número de guerrilleros habría bajado a más de la mitad, de 21.000 a 10.000 (2). En lo referente a las hectáreas cultivadas a coca, el gran objetivo de la lucha antinarcóticos llevada a cabo mediante las fumigaciones, éstas habrían bajado en el último año a 68.000, de acuerdo al informe mundial sobre droga de Naciones Unidas (3).

Sin embargo no todo el legado de esta política es positivo, más bien muchas son las sombras y no solamente por el hecho de que falta mucho para que Colombia sea realmente pacificada. El clima de permanente sospecha instaurado a raíz de la conformación de redes de informantes entre los ciudadanos apelando a la lucha mancomunada contra el terrorismo, y de silencio impuesto por el temor a que la disidencia sea interpretada y denunciada como una adhesión a los alzados en armas, es uno de los tantos correlatos.

El fantasma del paramilitarismo sobrevuela autoridades, desde las locales hasta las del Senado de la Nación y el mismo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la central de inteligencia colombiana (4), sospechadas de convivencia con las Autodefensas Unidas de Colombia, gracias a la cual se habla de una “parapolítica”. Las suspicacias rozan al mismo presidente saliente, ya que su hermano Santiago está acusado por la fiscalía de haber formado un escuadrón de la muerte en los años 90 llamado “Los Doce Apóstoles”(5) . Hay sospechas de favoritismo por parte del ejecutivo (6) hacia los paramilitares, debidas a las tortuosas negociaciones que terminaron con favorecerlos, a pesar de haber ejercido una violencia sin límites y de estar íntimamente relacionados con el negocio del narcotráfico (7).

La corrupción en las filas no sólo de los políticos, sino de los mismos uniformados y la violación de los derechos humanos, son hechos que han encontrado en el sonado caso de los “falsos positivos” una de las tantas confirmaciones. De acuerdo a un informe de Naciones Unidas, en Colombia fueron secuestradas por el ejército en los últimos años alrededor de 3.000 personas inocentes. Todas fueron ajusticiadas haciéndolas pasar o por narcoterroristas o por paramilitares, con la finalidad de engrosar las estadísticas sobre las bajas y para que los uniformados obtengan premios, ascensos y permisos de descansos, previstos en una directiva secreta del año 2005 expedita por Carlos Ospina, en aquel entonces Ministro de Defensa, y cuyo acatamiento tuvo su pico durante la gestión de Santos, su sucesor en la cartera (8). Todas las víctimas eran de bajos recursos y entre ellas había 160 menores de edad (9).

Amplias regiones de selva han sido devastadas por las fumigaciones con glifosato para destruir los cultivos de coca, blanco de una política antinarcóticos que en diez años de Plan Colombia tiene muy pocos éxitos que mostrar, ya que el narcotráfico sigue vigente aunque no existan más grandes carteles, sino pequeños y medianos emprendimientos que trabajan en red; los “cartelitos”, que producen cocaína que luego las grandes organizaciones mexicanas comercializan.

Existe todavía una guerrilla, a la que Santos parece dispuesto a no conceder tregua, aunque se hable de posibles negociaciones, que con la pérdida de sus jefes históricos, desde Marulanda a Reyes, con las traiciones, con la penetración del narcotráfico, se encuentra en un proceso desestructurante muy peligroso, que conlleva a algunos frentes a tejer alianzas hasta con sus enemigos de antaño como los paramilitares reciclados. Y existen los millones de desplazados dentro y fuera de las fronteras colombianas y un desborde del conflicto que ha tensado las relaciones no sólo en la región andina, sino en toda América del Sur.

La regionalización del conflicto

El objetivo que Uribe trató de conseguir fue la internacionalización del conflicto colombiano, buscando involucrar a los países vecinos en su lucha antinarcóticos y antiguerrilla. Invocó para eso el status de terroristas para las organizaciones alzadas en armas. Esto convirtió una guerra interna nunca declarada en un conflicto en el que deberían tomar cartas en el asunto otros países, para enfrentar una amenaza, que por su naturaleza es transnacional y es objeto de acuerdos internacionales firmados por la mayoría de los gobiernos, para luchar en su contra. De hecho el Plan Colombia y el Plan Patriota después, afectaron a los países fronterizos y en el caso de Venezuela y Ecuador influyeron negativamente en las relaciones bilaterales.

El largo historial de las desavenencias entre Venezuela y Colombia, ideológicamente enfrentadas, entre las cuales se encuentran las acusaciones de parte colombiana de relaciones entre el gobierno chavista y las FARC y las incursiones paramilitares en territorio venezolanos, han dificultado las relaciones entre los dos países. A partir del 2009, a raíz del acuerdo firmado entre Colombia y los Estados Unidos para la utilización de las bases militares colombianas (10) por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, consideradas una amenaza hacia Venezuela y su gobierno, Chávez cerró la frontera. El intercambio comercial sufrió una fuerte debacle. De 6.000 millones de dólares, las exportaciones colombianas al vecino país pasaron a 4.000 millones, lo que ha impulsado a Santos a enviar un mensaje conciliador con la finalidad de normalizar el flujo de productos, muy necesario para sostener la economía colombiana.

En ese mismo mensaje Santos se dirigió también al Ecuador que se ha visto sumergido por olas de refugiados. Se calcula que viven en el país alrededor de medio millón de colombianos, entre los cuales se han infiltrado bandas y organizaciones criminales que complican su seguridad interna. En su frontera porosa de difícil control, hay movimientos de paramilitares lo cual da lugar al establecimiento de un clima de temor y violencia y hay guerrilleros que buscan en el Ecuador un lugar para descansar, recomponerse y reabastecerse.

Territorio y poblaciones de la franja fronteriza han sufrido los efectos de las fumigaciones (11) efectuadas en los departamentos colombianos ubicados en los límites con Ecuador, lo cual ha ocasionado una demanda de parte de las autoridades ecuatorianas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (12) . Ecuador además ha sido sometido a más de una incursión fronteriza de parte del Ejército colombiano. La última y más grave de ellas fue la del 2008, cuando se realizó el bombardeo de un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano que causó la muerte de unas 20 personas y la del Raúl Reyes, el segundo comandante de las Farc (13). La incursión, de la que Colombia, a través de su presidente Uribe y de su Ministro de Defensa Santos, dio versiones no respondientes a la realidad de los hechos, causando la ruptura de las relaciones diplomáticas, el retiro de los embajadores, la presentación de la denuncia ante el Grupo Río reunido en República Dominicana y posteriormente ante la OEA, que terminaron con un llamado de atención al gobierno colombiano por la violación de la soberanía del Estado ecuatoriano.

El mensaje de Santos el día en el que se proclamó su victoria, tenía evidentemente la intención de acompañar el proceso en acto de restablecimiento de las relaciones entre ambos países, que ha encontrado una cordial, aunque mesurada recepción de parte del gobierno de Correa. Sin embargo, un recientemente descubierto escándalo protagonizado por el DAS, que habría intervenido los teléfonos del presidente ecuatoriano en el marco de la Operación Salomón (14) , de la que Uribe y Santos tenían conocimiento y recibían informes, bien puede echar por tierra los esfuerzos y puede llevar a una nueva ruptura, considerando además de que existe un mandato de captura de parte de la justicia ecuatoriana contra Santos por la incursión mencionada (15) .

Rupturas que son consideradas peligrosas por la mayoría de los países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, especialmente por Brasil y Argentina, que en los mensajes dirigidos al flamante presidente, lo han invitado a trabajar mancomunadamente en función de la unidad, considerando los numerosos problemas que la política de Uribe ha planteado a la vigencia y supervivencia del organismo.

Estos países se han erigido, en consonancia con sus socios en los distintos foros multilaterales, en defensores de los principios del derecho internacional, por sobre las doctrinas militares de inspiración estadounidense, que prevén intervenciones armadas más allá de las fronteras nacionales en función de la defensa de seguridad e intereses de un país, como la aplicada por Colombia en el ataque al campamento de Reyes en Ecuador. Fueron también Brasil y Argentina, que frente al acuerdo Uribe-Obama sobre las bases, han promovido un despliegue diplomático para impedir la posible salida de Colombia de UNASUR (16) , debido a las feroces críticas que se le movieron por parte de algunos gobiernos que ven en este acuerdo una penetración norteamericana en el continente.

A pesar de los esfuerzos de conciliación, en la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de este organismo, celebrada en Quito en noviembre del 2009, la resolución donde se hace hincapié en la transparencia de toda iniciativa para con los socios y la defensa de los intereses propios de la región por sobre intereses foráneos (17), no fue firmada por Uribe.

Un eje en vías de consolidación

La invitación a la unidad refleja sobremanera la preocupación por un posible cambio de escenario en la región. De hecho con la elección de Santos en Colombia y la de Piñera en Chile, amigo de Santos y admirador de la política de seguridad interna colombiana que dice querer replicar en su país, el eje Colombia-Perú-Chile favorable a Washington sale reforzado. Esto puede influir en un cambio de rumbo en la región en caso además de que en Brasil salga electo el opositor Serra en la próxima elecciones presidenciales, muy crítico hacia el Mercosur y hacia el gobierno de Evo Morales, con lo cual es dado prever más dificultades a la ya trabajosa construcción de una unidad suramericana.

En lo referente a Washington, de hecho la administración Obama ha mostrado satisfacción por los resultados de la contienda presidencial. Se abren de esta forma mayores posibilidades de acuerdos entre Colombia y los Estados Unidos como el Tratado de Libre Comercio. El documento firmado por el Senado colombiano, ha sido bloqueado en el Congreso estadounidense, por la resistencia hacia Uribe de un ala del partido demócrata que lo responsabiliza directamente de las violaciones de los derechos humanos, especialmente sindicales, en Colombia. La salida del escenario de Uribe allanaría el terreno para un entendimiento sin obstáculos, aunque no exista una real garantía de que en Colombia mejore la situación en este campo.

Gracias a la elección de Santos, Estados Unidos mantiene a un fiel aliado en el continente, siempre bienvenido sobre todo en época de expansión hegemónica, que tiene como última expresión el acuerdo firmado entre Costa Rica y Estados Unidos y que tendrá vigencia desde el 1° de Julio hasta el 31 de diciembre de este año (18). El convenio prevé el ingreso escalonado de 7.000 marines y el anclaje de 46 barcos de guerra con capacidad de transporte de 200 entre helicópteros y aviones, que participarían de operativos antinarcóticos en las aguas centroamericanas, un despliegue un tanto inusitado para una lucha que debería ser sólo y exclusivamente de competencia policial y que reaviva sospechas sobre los objetivos reales de semejante movilización militar.

1. Presidencia de la República de Colombia y Ministerio de Defensa, “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, 2003.
2. “Una agenda cargada de desafíos”, La Nación, Buenos Aires, 22 de Julio de 2010, en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1277427


4. El DAS está actualmente en el centro de un enorme escándalo por actividades ilegales tales como amenazas y fabricación de pruebas falsas en contra de personas y organizaciones contrarias a la política del gobierno. Se sospecha que la orden para llevar a cabo estas actividades salieron de asesores del gobierno. Ver Latin America Working Group Education Found, U.S. Office on Colombia, Center of International Policy, Wola, “Mucho peor que el Watergate”, en http://idpc.net/sites/default/files/library/Mucho%20peor%20que%20el%20watergate.pdf?utm_source=IDPC+Alert+List+2+%28from+WOLA%29&utm_campaign=4a9af5890d-Alerta_informativa_del_IDPC_Junio_de_20106_30_2010&utm_medium=email
 
5. “Podrían reabrir el caso contra hermano de Álvaro Uribe”, El Nuevo Herald, 13 de Junio de 2006, http://www.elnuevoherald.com/2010/06/13/740967/podria-reabrirse-caso-contra-hermano.html  

6. El mismo Álvaro Uribe alentó a las cooperativas de seguridad, las “Convivir”, antecesores del moderno paramilitarismo, cuando gobernador de Antioquia.

7. Leal Buitrago Fernando, “La política de seguridad democrática2002-2005”, en http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v19n57/v19n57a01.pdf  

8. Vieira Constanza, “’Falsos positivos’ gravitan en elección presidencial colombiana”, 27 de Mayo de 2010, en http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95525  

9. Biffi Pablo, “El drama de ‘los falsos positivos’, el asesinato de inocentes en Colombia”, Clarín, Buenos Aires , 29-05-2010, en http://www.clarin.com/mundo/america_latina/falsos-positivos-asesinato-inocentes-enColombia_0_270572995.html  

10. Ver en este blog, Rossi Adriana, “La telaraña del poder hegemónico”.

11. Comisión Científica Ecuatoriana, “El sistema de aspersiones aéreas del Plan Colombia y sus impactos sobre el ecosistema y la salud en la frontera ecuatoriana”, CCE, Quito, 2007. Versión digital en http://www.senacyt.gov.ec/files/libro_aspersiones_glifosato_frontera_colombo_ecuatoriana.pdf  

12. “La CIJ autoriza réplicas a Ecuador y Colombia en el contencioso por fumigaciones”, en http://es.noticias.yahoo.com/9/20100702/twl-la-cij-autoriza-replicas-a-ecuador-y-6aad12c.html  

13. Rossi Adriana, “Juegos de poder en la frontera” en Le Monde Diplomatique, Ed. Como Sur, año IX, n° 106, abril 2008, pp.4-5.

14. “Correa afirma que si es cierto que fue espiado por el DAS, volvería a romper relaciones con Colombia” en http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/correa-romperia-relaciones-con-colombia-si-se-confirma-espionaje-del-das_7780085-1  
15. “Orden de arresto contra Santos en Ecuador está vigente, dice abogado de oficio” en http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1322857  

16. Se hace referencia a las Reunión de de Presidentes de UNASUR en agosto del 2009, en Bariloche.

17. “Resolución” de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UNASUR en http://www.cdsunasur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=189  

18. “Llegarán a Costa Rica 7 mil marines y aviones para combatir el narcotráfico” en http://www.jornada.unam.mx/2010/07/05/index.php?section=mundo&article=024n1mun  y “Costa Rica permitirá la entrada de 7 mil marines de EEUU en su territorio” en http://www.elciudadano.cl/2010/07/06/costa-rica-permitira-la-entrada-de-7-mil-marines-de-eeuu-en-su-territorio/